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26/10/2017 | ACTUALIDAD
El Ayuntamiento intercede para evitar el desalojo de un centenar de familias sin recursos

San Pablo, una de las zonas afectadas por la ocupación.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha mediado, desde la llegada de ZEC al Gobierno municipal, en un centenar de casos de viviendas donde se habían instalado ilegalmente familias en situación de vulnerabilidad. Una cifra que solo es "la punta del iceberg" de un fenómeno "creciente" en la capital aragonesa, según explicó ayer el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, en las jornadas que celebra estos días la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) en el centro Joaquín Roncal.
fuente: Heraldo

El edil reconoció que hasta la fecha estos expedientes de usurpación se están gestionando dentro del programa de mediación en impagos de arrendamiento del Consistorio. "De momento trabajamos como podemos, con los técnicos dejándose la piel en negociaciones muy complejas para encontrar una solución", señaló. Por ello, anunció la creación de un protocolo específico para estos casos, cuyo borrador está ya "muy avanzado", y que está previsto que se apruebe en 2018.

El objetivo es "acometer la ocupación de vivienda y la exclusión residencial desde una óptica que no sea la judicial, sino desde la mediación", resumió Híjar. Además, apostó por mejorar la coordinación institucional y por aplicar medidas de carácter político, ya que "no tiene sentido que haya tres millones de pisos vacíos en España y 300.000 familias vivan en casas ocupadas", expresó.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, criticó la "marcha atrás" que a su juicio ha dado el Gobierno central en la defensa del derecho a una vivienda digna, y denunció que la Sareb "tendría que haber devuelto a los ayuntamientos los miles de pisos embargados para destinarlos a vivienda social".

El primer edil presumió de las políticas aplicadas por el equipo de gobierno en estos dos últimos años. "Zaragoza Vivienda es considerada una entidad puntera en intentar hacer efectivo lo que debería ser un derecho fundamental, el derecho a una vivienda digna", comentó.

Tanto el alcalde como Híjar incidieron en la paradoja de que la paulatina recuperación económica esté agudizando el problema de la usurpación de pisos. Desde ZEC entienden que la revitalización del mercado del alquiler y de los precios de venta han devuelto el interés de las entidades bancarias por sus activos, lo que haría aflorar los casos de entrada ilegal para residir.

Del centenar de expedientes que se han tramitado hasta la fecha –que no siempre corresponden a una única vivienda, pueden afectar a bloques enteros–, 81 ya se han resuelto, y en una veintena se está trabajando para encontrar una solución.

De momento representan el 17% de las casi 600 solicitudes de mediación que ha gestionado el programa por impagos de arrendamiento, pero desde el Consistorio apuntan que cada vez son más los casos que deben atender.

Actuación integral


Santisteve, además, aseguró que el Ayuntamiento ha intervenido para impedir cerca de 1.200 desahucios en la ciudad, así como otro tipo de acciones. "Estamos trabajando en promoción de vivienda social para incidir en el mercado de alquiler, de forma que los propietarios cedan sus pisos", relató. Igualmente, destacó el trabajo realizado en la rehabilitación porque, reconoció, "el parque de viviendas se ha quedado envejecido".

Por su parte, la vicealcaldesa y concejal de Derechos Sociales, Luisa Broto, presentó un mapa de alojamientos alternativos, ya que, según apuntó, "la política del Ayuntamiento en materia de vivienda no puede deslindarse de otras actuaciones que incidan en la prevención, la participación comunitaria y nuevas formas de entender la vivienda, como son los alojamientos con espacios de uso compartido o para emergencias".

"La pérdida de la vivienda habitual supone uno de los hitos más importantes en el proceso de las familias en su paso de las situaciones de vulnerabilidad a la exclusión social", resumió la edil de ZEC. "Por ello, potenciamos el trabajo desde los centros municipales de Servicios Sociales para prevenir estas situaciones tanto a través del asesoramiento y la derivación a recursos específicos, como potenciando la no pérdida de la vivienda por razones económicas sobrevenidas a través de las ayudas de urgencia para este concepto", explicó Broto.


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