NOTICIAS.
13/03/2019 | SALA DE PRENSA
La Oficina Municipal de Vivienda alerta del crecimiento de las mediaciones por finalización de contrato de alquiler

En el año 2018 la Oficina Municipal de Vivienda ha mediado en un total de 356 casos en los que había riesgo de desahucio -deudores de buena fe por causas sobrevenidas- por impago de alquiler o por deuda hipotecaria

Siguen creciendo las mediaciones por problemas para pagar el alquiler frente a las de deuda hipotecaria, tendencia que viene acentuándose en los últimos años.
 
Zaragoza, 13 de marzo de 2019.- El número de expedientes de casos de riesgo de desahucio tramitados por la Oficina Municipal de Vivienda en 2018 asciende a un total de 356, frente a los 272 del anterior ejercicio. El incremento de los precios de alquiler, las garantías exigidas para los arrendamientos, los ingresos económicos limitados.., siguen dificultando que muchas familias accedan a viviendas dignas por lo que la Oficina Municipal de Vivienda continúa siendo necesaria como cauce de atención a  la ciudadanía con riesgo de pérdida de vivienda, o deudor de buena fe por causas sobrevenidas, ofreciendo la posibilidad de asesoramiento y mediación y trabajando en coordinación con los servicios sociales municipales y el Gobierno de Aragón.
 
El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, y el coordinador de la Oficina, Sergio Castells, han presentado los datos de las atenciones realizadas en 2018 y han alertado de que cada vez son más frecuentes los casos de finalizaciones de contrato de alquiler que acuden a mediación (representando ya un 20%), algunos sin deuda y otros con deuda desde que dejan de pagar renta cuando se les comunica la voluntad de la parte arrendadora de no renovación del contrato. "Muchas familias arrendatarias sin medios económicos suficientes para optar a otra vivienda en mercado libre se encuentran frente a un grave problema ya que en el mercado no hay inmuebles que se ajusten a sus ingresos", han explicado.
 
Otra de las observaciones que se están evidenciando desde la Oficina es la significativa disminución de los casos de mediaciones en deuda hipotecaria debido al desplazamiento de muchas de las personas afectadas por desahucios hipotecarios anteriores y que han pasado a alquiler u ocupación o si son vulnerables, conforme requisitos de Ley 1/2013, pueden tener reconocida moratoria de desahucio hasta mayo de 2020, fecha crítica ese año.
 
Desde la Oficina se ha informado también de que la mediación se dificulta cuando la fase procesal y el lanzamiento está fijado en una determinada fecha. El margen de actuación en mediación es mucho más factible, como demuestra la práctica de la Oficina y los informes anuales del Colegio de Trabajo Social de Aragón, cuando el problema de dificultad de pago se aborda cuanto antes. Por este motivo, se ha hecho un llamamiento para concienciar  sobre la necesidad de una intervención preventiva que permita a los afectados acudir a asesorarse y mediar entre partes lo antes posible.


 
La Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió en 2018 a un total de 295 personas que acudieron a ella a informarse sobre el programa o a realizar consultas puntuales; siendo muchas las personas derivadas desde los Centros Municipales de Servicios Sociales, también desde otras entidades como Gobierno de Aragón, agentes sociales,  plataformas como Stop desahucios o PAH e incluso desde juzgados y entidades financieras. Se generaron 70 expedientes o solicitudes de mediación en deuda hipotecaria, cantidad similar al año previo, casos en su mayoría complejos por concurrir circunstancias como rupturas de relaciones, embargos de otras entidades, etc.
 
 
Además, dentro de la labor de asesoramiento del Programa se atienden solicitudes/seguimientos a Juzgados de suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad  en ejecuciones hipotecarias (Ley 1/13) ampliado plazo  hasta 2020 por el  Real Decreto Ley 1/2017 que entró en vigor el 21 de enero y todo tipo de asesoramientos complementarios sobre contenidos de préstamos hipotecarios,  cláusulas abusivas, condonaciones de deuda, plusvalía municipal, etc. Para apoyar a Oficina Municipal en ello se inició en 2018 un turno semanal de asistencia jurídica por los mediadores que ha resultado muy satisfactorio.
 
Las situaciones económicas de los solicitantes son de mucha necesidad, en el caso menos desfavorable únicamente un 32% tiene algún integrante de la unidad familiar trabajando  -muchas veces de forma precaria, o con ingresos insuficientes para atender las cuotas hipotecarias y las necesidades básicas familiares-; un 10% son pensionistas; el 39,3% percibe prestaciones por desempleo o ayudas sociales con vigencia limitada y con búsqueda infructuosa de empleo y en un 18,6% de los casos las unidades familiares no tienen ningún tipo de ingreso oficial, dependiendo directamente de ayudas de urgencia o del apoyo familiar.


 
En el ejercicio 2018, la Unidad de Información y Atención al Ciudadano atendió a 774 personas y se generaron 286 expedientes o solicitudes de mediación; de las cuales 235 son por impago de alquileres y 51 de ocupaciones de vivienda propiedad de entidades bancarias. El número de expedientes es similar al de hace dos años (292 de 2016).
 
De los expedientes de este ejercicio 2018 al entrar en el programa, 118 no tenían demanda ni cuotas pendientes de pago (41,25 %) y por consiguiente el margen de mediación es superior, mientras que en 117 casos (40,91 %) ya existía demanda de juicio verbal de desahucio, lo que implica límites de mediación y temporales para alcanzar una solución sea acuerdo o alternativa habitacional. También se han atendido 51 casos de ocupaciones de buena fe o vulnerables para intentar una solución con la entidad financiera titular de las viviendas, 17,52 %.
 
Las situaciones económicas son muy precarias, los pocos perceptores de trabajo tienen  salarios bajos, algunos perciben pensiones de viudedad o discapacidad pero la gran mayoría subsisten gracias a prestaciones de desempleo, subsidios, ayudas sociales, Ingreso Aragonés de Inserción (54,90 %), impidiendo poder acometer regularmente los pagos de alquiler. 


El Ayuntamiento de Zaragoza creó la Oficina Municipal de Vivienda en julio de 2015, con el objetivo de atender a personas en riesgo de pérdida de vivienda generados por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas o de las rentas de alquiler, a través del asesoramiento, la mediación y, dado el caso de emergencia habitacional, ayudar en la búsqueda de alternativas. Esta Oficina recibe financiación del Gobierno de Aragón, entidad con la que anualmente se firma un convenio con este objetivo.
 
Para el desarrollo de sus objetivos lleva a cabo dos programas: el de Mediación en Deuda Hipotecaria, que se desarrolla en Zaragoza desde junio de 2012 y se integró en la actividad de la Oficina, y el de Mediación en Arrendamiento de Viviendas, que comenzó en julio de 2015. El primero de estos programas ha atendido a 3.815 personas y ha gestionado 773 expedientes. Desde el inicio en julio de 2015 del Programa de arrendamientos, la Unidad de Información y Atención al Ciudadano ha atendido a 2494 personas y se han gestionado 891 expedientes de mediación (740 en arrendamientos  y 151 de ocupaciones).
 
En 2018 se renovó también el convenio con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza para la asignación de letrados especializados en mediación al programa, asignándose siete mediadores para este ejercicio, más la disposición de tres trabajadores sociales de Zaragoza Vivienda. Además, se firmó un convenio con el Colegio de Trabajo Social de Aragón para la asignación de dos trabajadoras sociales con funciones de intervención socio-económica y mediación en alquileres.
 

Documentos: No hay documentos

Enlaces: No hay enlaces

2018 © Zaragoza Vivienda - San Pablo, 61 - 50003 Zaragoza (España)
Contacto | Mapa Web | XHTML 1.0 | CSS 2.0
Aviso legal | Política de privacidad

Ayuntamiento de Zaragoza