La familia que iba a ser desahuciada por impagos se va voluntariamente y Zaragoza Vivienda le condona la deuda
Los inquilinos entregaron las llaves y el Ayuntamiento no les reclamará los 20.000 euros que habían acumulado en deudas.
Siete de cada diez desahucios ya son por impago de alquiler
Desalojo de familia por impago de alquiler 03 10 2024 Foto Toni Galán FOTOGRAFOS Un grupo de vecinos y de la Plataforma Stop Desahucios aplauden al conocer la solución alcanzada,Toni Galan
El matrimonio que iba a ser desalojado del piso que la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda le tenía arrendado desde hace 20 años ha optado por entregar las llaves voluntariamente y abandonar el domicilio. Al mismo tiempo, la sociedad municipal no le reclamará la deuda de 20.000 euros que la familia -compuesta por cuatro adultos y dos niños- había acumulado a lo largo de los años por impagos del alquiler.
El acuerdo ha sido posible gracias a la mediación de la Asociación de Promoción Gitana (APG) que, junto a los trabajadores sociales del Consistorio, han estado meses intentando buscar una solución. Noé Bautista, presidente de la APG, agradeció la buena disposición del Ayuntamiento de Zaragoza, de la concejala Marian Orós y de todo su equipo para que la familia pueda tener lo que se conoce como “alternativa habitacional”. Por el momento, como medida de emergencia, la noche de este jueves la pasará en el módulo familiar del Albergue municipal. “Ellos han entregado voluntariamente las llaves. Los niños estaban muy nerviosos y ahora trataremos de resolver el problema y encontrarles una vivienda”, ha explicado Noé Bautista.
El lanzamiento estaba fijado judicialmente para las 13.00. A la calle de Pedro Saputo, donde vivía la familia, acudieron vecinos para tratar de impedir el desalojo y miembros de la Plataforma Stop Desahucios. Raquel de la Riva, activista de la plataforma, ha explicado en el lugar a los presentes la solución alcanzada. También recordó que el Decreto 11/2020 suspende el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables al menos hasta diciembre de 2024.
En este caso en concreto, la juez había suspendido el desalojo durante cuatro meses, a petición del abogado de oficio de la familia, Óscar Espinosa, mientras la administración competente les buscaba una alternativa para que no se quedaran en la calle. Transcurrido el periodo, ordenó el desahucio porque, tal y como recoge en su providencia del 2 de octubre “la ley en ningún caso prevé la prórroga de forma automática y sin limitación temporal de la suspensión del lanzamiento”.
